La estrategia judicial de Claudio “Chiqui” Tapia para concentrar las causas que rodean a la AFA en el juzgado federal de Campana sumó un nuevo capítulo. Según publicó LA NACIÓN, el juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, resolvió inhibirse y derivar parte de su expediente a su colega Adrián González Charvay, el magistrado que ya interviene en otros tramos sensibles de la investigación.

La decisión de Armella se dio en el marco de una causa en la que se analiza un presunto fraude vinculado con el desvío de fondos millonarios que la AFA habría cobrado en los Estados Unidos. El eje del expediente apunta a transferencias por unos 300 millones de dólares y a maniobras que involucran al empresario Javier Faroni y a su entorno, en una hipótesis que ahora quedará atada a otras investigaciones que ya están bajo la órbita de Campana.

No fue el único movimiento en esa dirección. Días antes, la jueza Paula Petazzi había tomado una resolución similar al declararse incompetente en otra denuncia por defraudación, presentada por el agente FIFA Guillermo Tofoni, y también envió el caso a Campana. A eso se suma la postura de la fiscal Cecilia Incardona, que avaló el traslado con el argumento de evitar una persecución penal múltiple y de favorecer una administración más rápida y ordenada de la Justicia.

De esta manera, las denuncias por el supuesto desvío de dinero quedaron conectadas con el expediente en el que se intenta establecer quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. En esa causa se sospecha que la propiedad, valuada en unos 20 millones de dólares, podría haber sido adquirida con fondos provenientes de maniobras de lavado, a través de supuestos testaferros y sociedades vinculadas entre sí.

La definición final todavía depende de Casación

Más allá de estos movimientos, la última palabra todavía la tendrá la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si todos estos expedientes quedan definitivamente en Campana o si regresan a la Justicia porteña o al fuero penal económico de la Capital. Mientras esa definición se demora por recusaciones, apelaciones y planteos cruzados, la hipótesis que atraviesa el caso sostiene que la cúpula de la AFA, junto con Faroni y otros nombres cercanos, habría montado un esquema de vaciamiento a través de la firma TourProdEnter LLC, que retenía una comisión del 30% y habría servido como canal para desviar fondos hacia sociedades “fantasma” en el exterior.